En pleno estado de emergencia, varias peripecias tuvieron que pasar los familiares de Yamilet – adolescente que habría sido secuestrada y ultrajada – para trasladarse de Huancané con destino a Juliaca, debido a que fueron notificados vía celular por el Juzgado Mixto de Emergencia de Juliaca a cargo del juez Héctor Olivera Cusilayme.
Los familiares fueron citados hoy a las 9:00 a.m. para asistir a la audiencia de esclarecimiento de hechos (etapa de juicio oral), donde se debe determinar la responsabilidad de un menor de 16 años quien es acusado de secuestrar, ultrajar a Yamilet y quitar la vida de un recién nacido; estas acciones de ley obedecen al Código de los Niños y Adolescentes.
En comunicación con Onda Azul, Rufino Coaquira, padre de Yamilet, lamentó que el juzgado los haya citado en plena orden de inmovilidad social obligatoria, ya que para trasladarse de Huancané tuvieron que contratar un vehículo particular y varias horas de viaje.
Al respecto, el abogado de la familia, Michael Huanatico Condori manifestó que el juzgado no procedió con la notificación de manera adecuada y actualmente se encuentra en otra región. En tanto espera que se debe suspender la audiencia en respeto al estado de emergencia y a la familia.
“Si no se determina responsabilidad de los actos cometidos por el menor dejarán impune lo cometido” dijo el abogado al tiempo de precisar que es importante la audiencia ya que de ello se verá el grado de responsabilidad de los padres del menor acusado, quienes serían cómplices.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo verificó la Resolución Administrativo de Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y constató a todas las actividades deben paralizarse pero hay excepciones. Una de ellas sería que no se puede paralizar un proceso cuando hay reo en cárcel, ello respecto a la detención del menor. Por ende esperan que el juez – aplicando el principio de discrecionalidad – pueda tomar decisión.
Cabe resaltar que en este proceso se desarrolla dos expedientes. El primero, en contra del menor que se encuentra recluido en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa; el otro, el Ministerio Público interpuso una denuncia que se encuentra en investigación preliminar en contra de los padres del menor.
Cabe resaltar que conocido el hecho en el mes de enero, inicialmente la fiscalía tipificó el delito contra los padres como “omisión de socorro”. De acuerdo a las diligencias, donde observaron al padre de familia dentro de la escena del delito y a raíz de las protestas contra el Ministerio Público, esta instancia en febrero amplió la tipificación como secuestro y violación sexual.
Además la familia exige a la Fiscalía que se haga justicia por la pérdida de la vida de un niño que habría nacido producto del acto de violación y que habría fallecido dentro de la vivienda de la familia denunciada.