Pobladores de puno piden a la SUNAT exigir cobro con estrategias aplicadas a pequeños empresarios
158 grandes empresas, entre Buenaventura, Latam, Telefónica, Scotiabank y otros deben más de 9 mil millones de soles en impuestos al Estado. Estas empresas están haciendo seguimiento una demanda de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1421, que exige el pago de impuestos. Hoy decide el Tribunal Constitucional.
Al respecto Onda Azul fundamentó una pregunta para su público oyente ¿Estas grandes empresas deben pagar los impuestos o deben ser “perdonados” con la justificación que dinamizan la economía del país? Todos manifestaron que deben de pagar sus impuestos.
Cuestionaron la labor de la SUNAT, ya que la institución es exigente en el cobro a micro y pequeños empresarios peruanos; sin embargo, no tienen estrategias de cobro a las grandes empresas. Los oyentes consideran que el monto que adeudan debería ser invertido en infraestructura educativa y de salud.
Si el Tribunal Constitucional (TC) falla a favor de la acción de inconstitucionalidad respecto al Decreto Legislativo 1421, el Estado perdería la opción de exigirles el pago de S/11 mil millones en impuestos.
Ojo Público, informó hace dos días que accedió a dos listas de empresas que tienen procesos judiciales respecto al pago de sus obligaciones tributarias. En la lista se detalla que 26 compañías que piden la prescripción de las deudas se mantienen en discusión en la Sunat, Tribunal Fiscal o Poder Judicial. Alegan que transcurrió el tiempo necesario para ser cobradas.
132 empresas tienen controversias en sede administrativa o judicial, por no estar de acuerdo con los montos exigidos. Como son recientes no pueden plantear la caducidad de los plazos de cobro.
Cabe resaltar que el D.L 1421, en discusión fue promulgada el 2018 con el fin de aclarar que el plazo para realizar las labores de fiscalización, sanción y cobro de deudas tributarias no se contabilizan de manera lineal. Pues los 4 años de tiempo que tiene la Sunat para exigir los pagos, se cuentan desde que la infracción ha sido fijada y notificada.
