La defensa legal de víctimas en Juliaca calificó como “catastrófica” la decisión del Congreso de archivar la denuncia contra Dina Boluarte por las muertes en las protestas, y advirtió que el caso podría ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Tras darse a conocer que el Congreso de la República archivó la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de fines del 2022 e inicios del 2023. La decisión fue tomada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con los votos favorables de Fuerza Popular y sus bancadas aliadas. La denuncia también alcanzaba a los exministros Alberto Otárola, Pedro Angulo, César Cervantes y José Tello.
Al respecto, en diálogo con Radio Onda Azul, el abogado César Quispe, defensa legal de la Asociación de Víctimas y Mártires de las Protestas en Juliaca, expresó su preocupación y calificó la decisión como un acto “catastrófico” que transgrede no solo las normativas nacionales, sino también compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
“Se trataría de una de las más de diez denuncias constitucionales contra la señora Boluarte, en particular dos relacionadas directamente con las masacres. La primera fue presentada el 30 de julio de 2024 y contenía más de 100 tomos. Hay miles de pruebas y testimonios que no pueden ser ignorados”, detalló.
La defensa legal, también cuestionó el hecho de que la votación en el Congreso se haya realizado sin debate alguno, lo que agravaría la situación al mostrar, según dijo, un intento evidente de blindaje político. Enfatizó que, de confirmarse el archivamiento sin un debido análisis, el caso podría ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Estaríamos hablando de delitos de lesa humanidad. De comprobarse esta omisión legislativa, los congresistas que votaron a favor del archivo estarían incurriendo en una complicidad directa”, sostuvo.
Actualmente, a nivel del Ministerio Público, las investigaciones fiscales han avanzado significativamente. “En el caso Juliaca, por ejemplo, ya se ha llegado a la etapa de formalización de la investigación preparatoria. Lo mismo ocurre en varias regiones del país. Estamos hablando de más de 30 funcionarios públicos investigados”, explicó el abogado.
Cabe mencionar que, previos a esta decisión del Congreso de la República, la organización nacional de víctimas ya ha anunciado nuevas movilizaciones y acciones legales en los próximos días.
