Especialista advierte sobre los impactos irreparables del trabajo infantil y llama al Estado a garantizar el derecho a la educación
Fernando Valdivia Correa, especialista en temas laborales, se refirió a la situación actual de niños, niñas y adolescentes del país, que se ven obligados a trabajar, ello a pesar de que hay marcos normativos, políticas públicas y presupuestos destinados para su erradicación. Si bien el porcentaje de trabajo infantil ha disminuido del 14.8 % en 2012 al 9 % en 2023, el problema sigue vigente.
Hizo referencia a los datos recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, donde más de 160 millones de menores trabajan a nivel mundial, una cifra que ha aumentado tras la pandemia. En el caso del Perú, alrededor de 700 mil realizan actividades laborales, principalmente en zonas rurales y en sectores como agricultura, pesca y minería.
“El trabajo infantil constituye una grave vulneración a los derechos humanos, ya que afecta la salud física y mental de los menores, interrumpe su educación y limita su desarrollo integral”, dijo, y recordó que, según la Convención sobre los Derechos del Niño, los menores deben ser protegidos del trabajo y otras formas de explotación.
“Un niño trabaja no por decisión propia, sino por obligación o necesidad impuesta por su entorno”, señaló, y agregó que los niños y adolescentes no tienen capacidad plena de ejercicio, es decir, legalmente no pueden trabajar ni asumir responsabilidades civiles, por lo que el Estado debe garantizar que los menores permanezcan en el sistema educativo y no en el mercado laboral.
