La ciudadanía rechaza el uso de fondos públicos para defender a acusado de la represión del 9 de enero
La ciudadanía ha manifestado su indignación y rechazo luego de que se diera a conocer que el Ministerio del Interior adjudicó un contrato por 180 mil soles para la defensa legal del comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), Marco Johnny Montoya, acusado de participar en la represión violenta del 9 de enero de 2023 en Juliaca, donde murieron 18 civiles, entre ellos un menor de edad.
Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, calificó como ‘lamentable’ la decisión. “Es indignante que se utilice el dinero de todos los peruanos para proteger a quienes están siendo investigados por la muerte de civiles, mientras a nosotros, las víctimas, nos niegan el acceso a defensa legal al prohibir que las ONG nos brinden apoyo”, señaló.
Recordó que recientemente se ha aprobado una modificación en la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), lo que ha limitado el financiamiento que organizaciones no gubernamentales pueden destinar a la defensa legal de víctimas de violaciones de derechos humanos. “A nosotros nos quitan el apoyo legal, pero al comandante acusado lo defienden con recursos públicos”, dijo.
Asimismo, informó que el caso ha cambiado de fiscal en siete ocasiones, lo que, según él, ha afectado la continuidad y el avance de las investigaciones. Por ello, han solicitado la ampliación del plazo de investigación, que culmina entre septiembre y noviembre.
