Líderes de 20 regiones denuncian abandono estatal, criminalización y amenazas mientras protegen los ecosistemas del país. Exigen justicia y reformas urgentes
En los últimos diez años, más de 50 defensores y defensoras del medio ambiente han sido asesinados en el Perú, principalmente en zonas de la Amazonía donde avanzan sin control mafias dedicadas a la tala ilegal, la minería informal y el narcotráfico. Solo desde el 2021 se han registrado 35 asesinatos, aunque se estima que muchos más casos ni siquiera han sido reportados.
Pese a esta grave situación, Perú continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la tierra, ocupando el sexto lugar a nivel global según la organización Global Witness.
Frente a esta realidad, más de 90 defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales de 20 regiones del país se reunieron en Lima en el III Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos y Ambientales, para denunciar la impunidad, el abandono estatal y la persecución que enfrentan diariamente.
«Defender la vida no puede ser un delito»
Desde Ucayali, el líder indígena Rolando Escobar denunció las amenazas contra su vida y la de su familia:
“Nos están criminalizando. Lo que hacemos es defender nuestros derechos y recursos. Pero los asesinatos siguen impunes, como el caso de Edwin Chota, y eso es lo que más duele: la impunidad”.
En Lambayeque, Javier Ruiz, defensor de la Reserva de Chaparrí, advirtió que la violencia no es exclusiva de la Amazonía:
“En todas las regiones donde se alza la voz para proteger los ecosistemas hay persecución. En Lambayeque han asesinado a cinco defensores y casi nadie lo sabe”.
Los testimonios se multiplican: Anthony Oscategui (Pasco) pidió eliminar normas como la ley MAPE que «protegen la minería ilegal», mientras que Olivia Bisa (Loreto) preguntó con indignación:
“¿Cuál es nuestro delito? Defendemos la vida, no el lucro”.
Desde Arequipa, Miguel Meza, defensor del Valle del Tambo, denunció el vínculo entre crimen ambiental y poder político:
“Nos criminalizan por defender el agua y la tierra. ¡Decimos alto al crimen organizado de saco y corbata!”.
Exigen reformas profundas y protección real
El encuentro culminó con un pronunciamiento colectivo donde los defensores exigieron:
- Justicia para las víctimas de asesinatos y amenazas
- Derogatoria de leyes «anti-derechos» como la Ley Antiforestal, REINFO, y APCI
- Reconocimiento legal de comunidades campesinas y marinocosteras como pueblos originarios
- Soberanía territorial y participación política real, incluyendo escaños reservados
- Adhesión e implementación efectiva del Acuerdo de Escazú
“El Estado nos ha dejado solos, pero no daremos ni un paso atrás. Defender nuestros territorios es defender el futuro del Perú”, concluyeron.
