A más de un año del caso en Cabana, esperan prueba de ADN mientras los síntomas persisten y el proceso legal avanza lentamente
A más de un año del caso de intoxicación del programa Qali Warma que afectó a estudiantes de la Institución Educativa Gamaliel Churata del distrito de Cabana, en la provincia de San Román, la abogada de las familias afectadas, Pamela Álvarez, informó que varios menores siguen presentando síntomas de malestar y que las investigaciones aún están en proceso.
Dijo que, la semana pasada, un grupo de estudiantes y padres fueron trasladados a Lima para nuevas evaluaciones médicas solicitadas por las propias familias, ante la persistencia de síntomas como vómitos, desmayos y dolores estomacales; uno de ellos se registró la mañana de ayer, cuando una escolar se desmayó en clases y fue trasladada de emergencia al hospital de Juliaca.
Según explicó su madre, la menor se golpeó la cabeza y no había sido informada sobre la necesidad de reposo tras un procedimiento médico realizado en Lima. “Los estudiantes aún presentan síntomas y, lamentablemente, el seguimiento médico no ha sido constante ni claro. Estamos exigiendo al Ministerio de Salud que garantice una atención adecuada mientras se esclarecen los hechos”, señaló.
En cuanto al proceso legal, dijo que la Fiscalía de la Nación recibió a las madres y padres de familia en una reunión realizada el jueves pasado en Lima. Allí se les informó sobre el avance de la investigación, que está vinculada al caso de corrupción en el programa Qali Warma y a la distribución de productos presuntamente adulterados por parte de la empresa Frigo Inca.
“Actualmente, tres personas están siendo investigadas por su presunta responsabilidad en la intoxicación de los estudiantes: Delia Zabaleta, Michael Burga Farro y Noemí Alvarado Llanos, representantes de la mencionada empresa. Estas investigaciones se desarrollan en paralelo al proceso que se les sigue por presunta pertenencia a una organización criminal”, dijo.
Agregó que uno de los elementos que se espera en los próximos días es la prueba de ADN a una lata incautada del producto cuestionado. Esta prueba permitiría identificar el contenido real del alimento distribuido y relacionarlo con los efectos en la salud de los menores.
“No se puede descartar que los malestares estén directamente relacionados con el consumo de un alimento en mal estado. Si una lata no contenía carne real, como se presume, eso claramente puede causar secuelas graves en los niños”, explicó.
