La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que busca inhabilitar a la fiscal de la Nación por presuntas faltas constitucionales. La ONU advierte sobre amenazas a la independencia del Ministerio Público
En un contexto marcado por tensiones institucionales, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó con 11 votos a favor el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional presentada por la bancada de Renovación Popular contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
La acusación sostiene que Espinoza incurrió en presunto cohecho, encubrimiento personal y violación de la Constitución al archivar una investigación contra el fiscal supremo Pablo Sánchez en el caso “CNM Audios”, además de no haberse inhibido a pesar de que Sánchez participó en su elección como titular del Ministerio Público.
El informe, elaborado por la congresista María Acuña, presidenta de la Subcomisión, será ahora revisado por la Comisión Permanente. De ser aprobado, se abriría una investigación formal y eventualmente podría llevar a la inhabilitación de Espinoza, como solicita la denuncia.
Este proceso se da en paralelo a otra denuncia también impulsada por Renovación Popular, en la que se busca sancionar a Espinoza junto a los fiscales supremos Juan Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez por haber rechazado la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Sectores críticos señalan que esta ofensiva legislativa responde a una aparente vendetta política por parte del Congreso.
Al respecto, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por estas acciones, advirtiendo que podrían poner en grave riesgo la autonomía institucional del Ministerio Público.
“El intento de reorganizar la Fiscalía de la Nación mediante la destitución de sus máximas autoridades amenaza con socavar garantías esenciales como la estabilidad en el cargo y la protección frente a interferencias políticas”, alertó la relatora.
La tensión entre el Congreso y el Ministerio Público se intensifica, mientras diversas organizaciones nacionales e internacionales observan con atención el desarrollo de este nuevo episodio de confrontación institucional en el país.
Fuente: La República
