Alianza para el Progreso retoma el control de la SAC en medio de críticas por archivamientos sin debate y presuntos conflictos de interés
La congresista Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP), asumió nuevamente la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, luego de haber presidido anteriormente la Comisión de Presupuesto. El anuncio fue realizado por el legislador Eduardo Salhuana, confirmando así el regreso de APP al control de uno de los grupos de trabajo más influyentes del Parlamento.
La SAC tiene como función principal calificar y procesar denuncias constitucionales contra altos funcionarios del Estado. Sin embargo, en los últimos meses ha sido duramente criticada por su accionar. En la legislatura anterior, archivó, sin debate, cuatro denuncias contra la presidenta Dina Boluarte, tres de ellas relacionadas con muertes ocurridas durante las protestas sociales, y otra por presunta usurpación de funciones.
Camones ya dirigió esta subcomisión en el pasado, cuando se aprobó el informe que recomendó destituir e inhabilitar a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vásquez. Ahora, su retorno a la SAC reaviva las críticas sobre un posible uso político de este espacio legislativo.
En esa línea, la congresista Ruth Luque cuestionó el manejo de la subcomisión y denunció que sus propias acusaciones contra Boluarte y varios ministros fueron archivadas o ignoradas durante meses. «Varias de ellas tienen entre uno a dos años de espera. ¿Es Alianza para el Progreso la bancada oficialista de Dina?», declaró.
Por su parte, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también expresó su preocupación por el reciente archivamiento, sin discusión, de una denuncia constitucional contra la exfiscal Patricia Benavides, ocurrido el 25 de julio. Según Espinoza, cinco de los congresistas que votaron por el cierre del caso tienen denuncias fiscales activas, lo cual «da qué pensar» sobre un posible conflicto de interés.
La vuelta de Lady Camones a la SAC, sumada a las decisiones polémicas tomadas por esta subcomisión, pone nuevamente en el centro del debate la independencia y transparencia del Congreso en la fiscalización de los más altos cargos del Estado.
Fuente: Infobae
