El Colegio de Abogados de Arequipa cuestiona legalidad del Decreto de Urgencia N° 013-2024 por favorecer a una crisis estructural que no califica como excepcional ni imprevisible
El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Arequipa contra el Decreto de Urgencia N.º 013-2024, que amplía la garantía del Estado peruano a un crédito por US$ 1.000 millones otorgado a Petroperú.
La norma, suscrita el 13 de septiembre de 2024 por la presidenta Dina Boluarte y tres de sus ministros (Gustavo Adrianzén, José Arista y Rómulo Mucho), extendió la garantía estatal de 12 meses a cuatro años, lo que permitirá a Petroperú acceder al financiamiento y pagarlo hasta diciembre de 2028.
¿Decreto sin urgencia?
El gremio de abogados sostiene que el DU vulnera principios constitucionales, pues no cumple con los requisitos de excepcionalidad ni necesidad que justifican legalmente este tipo de medidas.
“El problema financiero de Petroperú es estructural y prolongado, no puede considerarse ni extraordinario ni imprevisible”, señaló Walter Gutiérrez, abogado que lidera la demanda.
Además, se advirtió que desde 2020 se han emitido al menos cuatro decretos de urgencia similares, lo que configuraría un uso sistemático y abusivo de este mecanismo excepcional. Para los demandantes, esta práctica estaría institucionalizando un subsidio permanente encubierto, comprometiendo recursos que deberían destinarse a salud, educación o seguridad, como indica el artículo 44 de la Constitución.
Riesgos fiscales y necesidad de pronunciamiento
El caso también pone sobre la mesa la delicada situación financiera de la petrolera estatal, que arrastra pérdidas operativas y deudas superiores a los S/ 8.000 millones.
En ese contexto, los demandantes piden al TC emitir un pronunciamiento firme para evitar más rescates con fondos públicos. “No se puede normalizar que el Ejecutivo emita decretos para resolver lo que deben solucionar la legislación o una reforma institucional”, indicó el Colegio de Abogados.
Siguientes pasos
El Poder Ejecutivo tiene 30 días hábiles para responder a la demanda. Luego, el TC fijará una audiencia pública para escuchar los alegatos de ambas partes. La resolución del tribunal podría sentar un precedente sobre el uso y abuso de los decretos de urgencia para salvar empresas públicas en crisis.
Mientras tanto, Petroperú sigue operando
Pese a la controversia, Petroperú sigue con sus operaciones. Recientemente, la Nueva Refinería Talara recibió un millón de barriles de crudo Oriente provenientes de Ecuador, como parte de su plan para reforzar su capacidad de abastecimiento energético. La operación se realizó a través del Terminal Portuario Bayóvar, utilizando el buque Lord Byron 21, y fue destacada por la empresa como un paso para optimizar sus compras a gran escala y mejorar su logística nacional.
