El Poder Judicial dio luz verde al inicio del juicio oral contra el expresidente por el caso Westfield Capital. Se le acusa de liderar una organización criminal para favorecerse con pagos ilícitos de empresas como Odebrecht. Su defensa califica la imputación como improcedente y con motivaciones políticas
El Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien la Fiscalía acusa de presunto lavado de activos agravado por organización criminal en el marco del caso Westfield Capital, vinculado a la constructora brasileña Odebrecht. El Ministerio Público ha solicitado una pena de 35 años de prisión, así como el pago de una reparación civil de más de 46 millones de dólares.
La resolución, firmada por el juez Jorge Chávez Támariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, incluye también el enjuiciamiento del empresario chileno Gerardo Sepúlveda, exsocio de Kuczynski, para quien se pide una condena similar. Además, se han admitido 2,577 medios probatorios y se han planteado sanciones contra cuatro empresas relacionadas, incluida la posible disolución de Dorado Asset Management Ltd.
Según la acusación, Kuczynski habría utilizado su posición como ministro y luego como presidente para liderar una red que lavaba dinero proveniente de supuestas asesorías financieras a constructoras implicadas en actos de corrupción, como Odebrecht. El dinero ilícito habría sido canalizado a través de empresas como Westfield Capital y First Capital, permitiendo la adquisición de propiedades, financiamiento de campañas políticas y otros gastos personales.
La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Julio Midolo Chirinos, sostiene que no existe prueba alguna de la procedencia ilícita de los fondos y que las asesorías financieras fueron legales. También criticó la calificación del delito de lavado de activos, afirmando que este proceso debió centrarse, si acaso, en un supuesto tráfico de influencias, delito ya prescrito.
Midolo calificó la acusación fiscal como “una sentencia de muerte que nace con un error”, en referencia a la sumatoria de penas para alcanzar los 35 años solicitados. Asimismo, no descartó que el caso tenga un trasfondo político, recordando que se originó en el Congreso tras la derrota electoral de la oposición liderada por Fuerza Popular en 2016.
El juicio oral será una nueva etapa en una investigación que comenzó en 2017, cuando Kuczynski aún era presidente, y que ahora podría marcar un hito judicial en los casos de corrupción vinculados al caso Lava Jato en el Perú.
Fuente: Rpp
