El máximo tribunal declaró fundada la apelación presentada por la Fiscalía de la Nación y ratificó que los 67 dispositivos seguirán bajo custodia mientras se culmina la pericia digital forense en el marco del caso Los Intocables de la Corrupción
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó una resolución judicial que ordenaba la devolución de 67 bienes electrónicos incautados al expresidente Martín Vizcarra, en el marco de la investigación preliminar por el caso Los Intocables de la Corrupción. La decisión fue tomada tras declarar fundada la apelación presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra una resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley.
Los equipos fueron incautados durante un allanamiento realizado el 18 de marzo de 2024 en propiedades del exmandatario en Lima y Moquegua. La defensa legal de Vizcarra había solicitado su devolución en octubre del mismo año, petición que fue parcialmente aceptada por el juez Checkley. Sin embargo, la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, determinó que los dispositivos deben permanecer en poder del Ministerio Público hasta que concluya la pericia digital forense.
La sala argumentó que la extracción de información no es suficiente, ya que los dispositivos deben permanecer disponibles para contrastar la autenticidad del contenido, realizar nuevas pericias si fueran necesarias, y eventualmente ser utilizados como prueba material durante el juicio oral. La resolución precisa que la devolución solo podrá evaluarse una vez finalizadas las diligencias técnicas y se determine qué bienes no son parte del corpus delicti.
De acuerdo con la tesis fiscal, el caso Los Intocables de la Corrupción involucra presuntas redes de lobbies ilegales para direccionar contratos en Provías Descentralizado durante el gobierno de Vizcarra (2018–2020), con la finalidad de apropiarse indebidamente de fondos públicos.
Paralelamente, el expresidente también enfrenta un juicio oral por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión por el presunto delito de cohecho pasivo propio, relacionado con los casos del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.
Fuente: Rpp
