Delia Espinoza afirma que la norma vulnera la Constitución y los derechos humanos, y busca impunidad para crímenes cometidos durante el conflicto armado interno
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que el Ministerio Público presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la controvertida Ley de Amnistía, recientemente promulgada, que permitiría liberar de responsabilidad a policías, militares y funcionarios procesados por crímenes ocurridos entre 1980 y el 2000, durante la lucha antisubversiva en el Perú.
“Ya tenemos listo el proyecto de demanda para presentarlo ante el Tribunal Constitucional y así hacer respetar lo que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico”, indicó Espinoza en una reciente declaración. La titular del Ministerio Público sostuvo que la norma no solo es inconstitucional, sino que también viola principios fundamentales de derechos humanos, afectando directamente a las víctimas de violencia estatal durante el conflicto armado interno.
Espinoza aclaró que la iniciativa no representa un ataque a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional. “No se está persiguiendo a las Fuerzas Armadas ni a la Policía. Tenemos héroes que hicieron mucho por el país. Pero esta ley busca perdonar delitos a quienes están siendo investigados por abusos de poder, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes”, señaló.
En esa línea, la fiscal recalcó que el foco debe estar en la reparación a las víctimas, muchas de las cuales siguen desaparecidas: “No es un tema de rencor, es un tema de justicia y reparación elemental”, puntualizó.
En paralelo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una orden al Estado peruano para que no implemente la Ley N.º 32419. Según el organismo internacional, su aplicación atentaría contra el derecho a la justicia y la verdad de las víctimas, y contradiría sentencias previas sobre crímenes de lesa humanidad.
Pese a las advertencias de la Fiscalía y de organismos internacionales, el Ejecutivo ha respaldado la ley, argumentando la existencia de atentados terroristas y la lentitud de los procesos judiciales. No obstante, para la comunidad internacional y sectores de derechos humanos, este discurso busca justificar una norma que encubre la impunidad.
Fuente: La República
