La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero calificó la decisión del Congreso como una burla y anunció que continuará la lucha por justicia, además de preparar un libro con testimonios sobre lo ocurrido en Puno y otras regiones.
Luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la República decidió archivar la acusación constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios por las muertes ocurridas en las protestas de enero de 2023, dicha medida ha sido calificada por los familiares de las víctimas como una “burla” y un “blindaje” desde el Parlamento.
Raúl Samillán Zanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero y hermano de Marco Antonio Samillán (joven que falleció mientras auxiliaba heridos cerca del aeropuerto de Juliaca), expresó su indignación y rechazo a la decisión congresal al tiempo de recordar que pese a esta decisión existen informes del Ministerio Público y de organismos internacionales, que ya han documentado lo ocurrido en Puno y otras regiones, calificando en todo momento como un ejercicio de “terrorismo de Estado”.
Pese a esta posición del Congreso de la República, los familiares de las víctimas anunciaron que seguirán organizados para buscar sanción contra los responsables. Finalmente, adelantaron que vienen trabajando en la publicación de un libro que recopile testimonios y denuncias de los hechos ocurridos el 9 de enero de 2023 y en otras jornadas de protesta para que se quede referente de lo suscitado en esos años, “queremos que el Perú y el mundo sepan cómo el Estado asesinó a nuestro pueblo, cuando debió protegerlo”, enfatizó.
