El presidente Daniel Noboa amplía el estado de excepción y decreta toque de queda debido a las manifestaciones anunciadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) en respuesta al aumento del precio del diésel.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado un toque de queda nocturno en cinco provincias del país, como parte de la ampliación del estado de excepción ante las protestas previstas contra la eliminación del subsidio al diésel. Esta medida se produce tras el anuncio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) de un «paro nacional indefinido», en respuesta al aumento del precio del diésel, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón. La protesta se suma a la creciente tensión social en el país, donde la eliminación del subsidio ha generado un fuerte rechazo, especialmente en sectores vulnerables como el transporte y la población indígena.
El toque de queda, que se implementará entre las 22:00 y las 5:00 horas, afectará a las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo. El decreto presidencial justifica esta medida por los bloqueos y las manifestaciones que han afectado el libre tránsito y la actividad económica. El gobierno señala que, aunque se respeta el derecho a la protesta pacífica, los disturbios han interrumpido las actividades cotidianas y representan una «grave conmoción interna». El gobierno también ha detallado las excepciones al toque de queda, que incluyen a trabajadores de emergencias, personal sanitario, agentes de seguridad, y ciertos funcionarios públicos.
La eliminación del subsidio al diésel ha revivido tensiones sociales en Ecuador, ya que el movimiento indígena ha liderado protestas similares en el pasado, específicamente en 2019 y 2022, contra intentos de los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso de implementar políticas similares. En esas ocasiones, las protestas masivas forzaron a los mandatarios a dar marcha atrás y mantener los precios de los combustibles subsidiados. El actual conflicto subraya la sensibilidad política de la medida y los riesgos de un desbordamiento social en medio de la crisis económica que afecta a diversas regiones del país.
