La controversia por la inscripción tardía del partido Unidad Popular, liderado por Duberlí Rodríguez, genera un enfrentamiento entre el JNE y el Poder Judicial, ahora con el Tribunal Constitucional en el centro del conflicto
El conflicto entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Poder Judicial dio un paso significativo este 12 de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda competencial presentada por el JNE. Esta demanda surgió a raíz de la controversia por la inscripción tardía del partido Unidad Popular, liderado por el exmagistrado Duberlí Rodríguez, que intentó inscribirse fuera del plazo legal, vencido el 12 de abril de este año.
El JNE, que vela por el cumplimiento de las normativas electorales, presentó la demanda después de que el Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima emitiera un fallo que habilitaba al partido Unidad Popular a participar en las Elecciones Generales de 2026, pese a que su inscripción se realizó fuera del plazo establecido. Según la resolución, el tribunal judicial ordenó al JNE aceptar la inscripción del partido como una “excepción”, lo que generó un grave cuestionamiento sobre las competencias de ambas instituciones.
En respuesta, el JNE argumentó que el Poder Judicial, al dictar tal resolución, estaba vulnerando sus competencias constitucionales. A través de su demanda, el organismo electoral solicitó al Tribunal Constitucional que se declare que «el Poder Judicial no es competente para alterar el cronograma electoral aprobado cuando algunas de sus etapas hayan precluido», considerando que cualquier resolución judicial que modifique los plazos establecidos podría afectar la integridad del proceso electoral.
La posición del JNE se basa en la idea de que sus decisiones son definitivas y no deben ser revisadas por el Poder Judicial, dado que este último no tiene facultades para intervenir en los aspectos técnicos y operativos del calendario electoral una vez que las etapas han terminado. El TC, al admitir a trámite la demanda, dio inicio a un proceso que podría determinar el alcance de las competencias del Poder Judicial en materia electoral.
Este enfrentamiento refleja las tensiones entre el poder judicial y el órgano electoral, un tema crucial en un país donde la estabilidad de los procesos democráticos y la credibilidad de las instituciones son constantemente puestas a prueba.
