Aunque las leyes exigen cuotas laborales para personas con discapacidad, en Puno la mayoría de empresas no las cumple; la historia de Javier Soto revela que los prejuicios y la falta de fiscalización siguen siendo las principales barreras para una inclusión real
Responsable: Nahomi Diana Huallpa Arbito
Javier Soto, joven puneño con discapacidad visual, acaba de obtener su licenciatura en Administración. A pesar de su preparación y de enviar su currículum a diversas empresas, las entrevistas laborales suelen concluir con una sonrisa amable y la excusa de “no cumplir el perfil”. Su experiencia revela la barrera invisible que aún limita el acceso al empleo formal para muchas personas con discapacidad en la región de Puno.
De acuerdo con la OMAPED, en la provincia de Puno hay más de 600 personas con discapacidad, pero solo el 15 % accede a un empleo formal. Su encargado, José Aldazábal Cáceres, señaló que, pese al aumento de personas registradas, las oportunidades laborales siguen siendo escasas. En la Municipalidad de Puno, apenas una docena cuenta con un puesto fijo, cumpliéndose solo de manera parcial la cuota laboral exigida por ley.
Liu Arias, especialista de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Puno, indicó que su institución orienta y sensibiliza a las empresas sobre el cumplimiento de la Ley N.º 29973, que exige contratar al menos al 3 % de personas con discapacidad en el sector privado y al 5 % en el público. No obstante, precisó que la fiscalización efectiva recae en la SUNAFIL, responsable de verificar el cumplimiento de esta norma.
Por su parte, el intendente regional de SUNAFIL Puno, Álvaro Martín Carbajulca Durán, informó que, de las 195 empresas formales obligadas a contratar personas con discapacidad, solo 53 han sido fiscalizadas este año. De ellas, apenas el 8 % cumple total o parcialmente la norma, mientras que el 92 % sigue en incumplimiento. Las multas por esta falta van desde 550 hasta 250 000 soles. “La discapacidad no es incapacidad”, enfatizó Carbajulca, llamando a los empleadores a promover una inclusión real y sostenible.
Mientras que, Wilfredo Chino Mamani, representante del CONADIS Puno, señaló que los perfiles laborales poco accesibles y la falta de capacitación adecuada dificultan la inserción laboral de las personas con discapacidad. Hasta agosto, más de 21 mil están registradas en la región. Destacó el trabajo conjunto con SUNAFIL, OMAPED y la Dirección Regional de Trabajo para promover la inclusión e instó a las instituciones a cumplir las cuotas laborales establecidas por ley.
Enrique Sánchez, activista por los derechos de las personas con discapacidad, advirtió que esta problemática persiste en todo el país. Según el Censo Nacional 2017 del INEI, más de 3,4 millones de peruanos, alrededor del 14 % de la población, viven con alguna discapacidad.
Pese a los avances institucionales, los prejuicios y la falta de sensibilización siguen excluyendo a muchas personas con discapacidad en Puno. Aunque las leyes existen, su cumplimiento es limitado. La historia de Julián refleja una realidad persistente: la inclusión no debe verse como caridad, sino como un acto de justicia social.
