El juez Máximo Tacuri dispuso comparecencia con restricciones al no superar el caso el umbral legal para prisión preventiva; vecinos de Salcedo cuestionan medida y piden mayor rigor para proteger a la menor.
Puno vive horas de tensión luego de que el juez Máximo Tacuri Robles, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dispusiera comparecencia con restricciones para Perla Leticia Ramos Vilca, de 22 años, investigada por la presunta agresión con una hoja de afeitar contra una menor de seis años durante un intento de robo en Salcedo. La resolución cayó de sorpresa para la población, especialmente porque un día antes, el sábado, vecinos realizaron un plantón frente a la Divincri expresando su preocupación y rechazando la posibilidad de que la investigada quedara en libertad mientras continúa el proceso.
En la audiencia realizada este domingo, el magistrado explicó que la legislación vigente exige que, para que proceda la prisión preventiva, la posible pena —considerando beneficios como la conclusión anticipada— supere los cinco años. Recordó que este umbral fue elevado recientemente por el Congreso, cuando antes bastaba superar los cuatro. Según su fundamentación, el caso en investigación no alcanzaría ese límite legal, razón por la cual optó por imponer comparecencia con restricciones y no prisión preventiva. Para la población de Salcedo, este razonamiento genera inquietud, pues consideran que la gravedad de los hechos ameritaba una medida más estricta.
Los vecinos mantienen su preocupación debido a que el informe de Medicina Legal determinó siete días de descanso médico por la lesión en el cuello de la menor, criterio técnico que inicialmente permitió que se evaluara la situación como “no grave”. Asimismo, señalan que existen antecedentes de investigaciones previas contra la imputada, dato que incrementa su sensación de vulnerabilidad como comunidad. Los padres de la menor afirman seguir afectados por lo ocurrido y temen que la situación pueda repetirse si no se mantiene una vigilancia estricta.
El juez estableció reglas de conducta estrictas para la investigada, entre ellas la prohibición de acercarse a la niña o a los familiares, así como el pago de una caución de 1300 soles. También advirtió que, ante cualquier incumplimiento, la Fiscalía podrá solicitar la revocatoria de la medida. Pese a ello, en Salcedo anuncian que continuarán atentos al desarrollo del proceso, señalando que su objetivo es resguardar a la menor y garantizar que se actúe con diligencia en un caso que ha generado gran preocupación pública.
