Indignación en Puno, tras decisión judicial en caso de agresión a niña de 6 años


juez Máximo Tacuri Robles
juez Máximo Tacuri Robles

Juez ordena comparecencia con restricciones y no prisión preventiva para joven acusada de atacar con una hoja de afeitar; vecinos cuestionan la medida y anuncian que seguirán vigilantes

Vecinos de Chejoña atraviesan momentos de tensión y preocupación tras la decisión del juez Máximo Tacuri Robles, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, quien dispuso comparecencia con restricciones para Perla Leticia Ramos Vilca, de 22 años, investigada por presuntamente atacar con una hoja de afeitar a una niña de seis años durante un intento de robo en la urbanización Salcedo.

La resolución sorprendió a la población, especialmente porque el sábado, los vecinos realizaron un plantón frente a la Divincri manifestando su rechazo a la posibilidad de que la joven quedara en libertad mientras continúa la investigación. La comunidad exigía una sanción más severa debido a la gravedad del caso y al temor por la seguridad de la menor.

Durante la audiencia realizada el domingo 16 de noviembre, el magistrado explicó que la legislación vigente exige que la posible pena supere los cinco años para que proceda la prisión preventiva, considerando beneficios como la conclusión anticipada. Este umbral, recordó, fue elevado recientemente por el Congreso; antes la exigencia era superar los cuatro años. Según la fundamentación judicial, el caso no alcanzaría ese límite legal, motivo por el cual se optó por imponer comparecencia con restricciones y no prisión preventiva.

Sin embargo, para los vecinos de Salcedo el razonamiento genera inquietud. Señalan que el informe de Medicina Legal determinó siete días de descanso médico para la menor debido a la lesión en el cuello ocasionada por la hoja de afeitar, criterio que permitió clasificar inicialmente la agresión como “no grave”. A ello se suma la preocupación por antecedentes de investigaciones previas contra la imputada, información que, aseguran, incrementa su sensación de vulnerabilidad como comunidad.

Los padres de la niña continúan afectados por lo sucedido y temen que la situación pueda repetirse si no se maneja con la debida severidad. “Queremos seguridad y justicia para nuestra hija”, expresaron los los padres de la menor.

El juez determinó que Ramos Vilca deberá cumplir estrictas reglas de conducta, entre ellas no acercarse a la menor ni a sus familiares, así como pagar una caución de 1,300 soles. Asimismo, advirtió que cualquier incumplimiento permitirá que la Fiscalía solicite la revocatoria de la medida.

Pese a ello, los pobladores de Salcedo anunciaron que seguirán de cerca todo el proceso. Aseguran que su principal objetivo es proteger a la menor y garantizar que las autoridades actúen con celeridad en un caso que ha generado gran alarma pública.