A días de conmemorarse el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el abogado Jacinto Ticona advierte que la persistencia de patrones culturales, la débil aplicación de la Ley N.º 30364 y la falta de acciones preventivas mantienen en riesgo a mujeres, niñas y adolescentes en Puno y en todo el país.
A pocos días de conmemorarse el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el Espacio Jurídico de Radio Onda Azul, se abordó uno de los problemas más persistentes del país: la violencia basada en género. El abogado Jacinto Ticona, advirtió que, aunque hay avances en la normativa y en el reconocimiento de derechos, la violencia continúa afectando de manera alarmante a mujeres, niñas y adolescentes en la región Puno y en todo el Perú.
“Es urgente mantener el tema en agenda, algunos dirán que es un tema trillado o magnificado, pero si lo dejamos de hablar, corre el riesgo de quedar relegado, y con ello podrían profundizarse la desigualdad y la discriminación que históricamente han afectado a la mujer”, señaló.
Explicó que, parte del problema se origina en un proceso histórico que otorgó al varón un rol dominante dentro del hogar, “así hemos crecido, así nos han formado. Pero no podemos contentarnos con que ‘así fue, así será’, debemos cambiar”, mencionó y agregó que la violencia se sostiene también desde la infancia, cuando los niños crecen en entornos agresivos y reproducen esos comportamientos en la sociedad y en las instituciones educativa, por ello, dijo que el cambio debe partir de la educación familiar y comunitaria.
Respecto a la Ley Nº 30364, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, aclaró que sí protege, pero la falta de cumplimiento por parte de los operadores del Estado impide que cumpla su propósito.
“Si el fiscal, juez, policía, DEMUNA, CEM, UPE o la Defensoría no aplican la ley, esta cae en saco roto”, afirmó y añadió la necesidad de fortalecer las acciones preventivas; evaluar por qué las instancias distritales, provinciales y regionales dedicadas a combatir la violencia no están funcionando adecuadamente.
