El documento señala presuntas infracciones constitucionales atribuidas a la fiscal suprema, mientras ella denuncia una “venganza política”; el caso ahora deberá ser evaluado por el pleno del Congreso.
La Comisión Permanente del Congreso de la República del Perú aprobó un informe que propone la inhabilitación por diez años de Delia Espinoza Valenzuela, fiscal suprema, por presuntos actos que vulnerarían la normativa en el marco de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El documento fue respaldado en sesión extraordinaria y ahora pasará a los siguientes pasos legislativos para su eventual ratificación.
La acusación contra Espinoza se basa en los presuntos delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y usurpación de funciones, vinculados a la emisión de la Resolución 2246-2024 el 14 de octubre de 2024, la cual fue presentada como incompatible con la Ley 32130 y el Decreto Legislativo 957, según el informe de la Subcomisión. Según la acusación, con esa normativa la fiscal suprema habría excedido funciones propias, particularmente vinculadas al ámbito de la Policía Nacional del Perú.
Por su parte, Delia Espinoza rechazó el informe aduciendo que se trata de “una venganza política” en su contra. El proceso aún debe seguir su curso: tras aprobarse el informe en la Comisión Permanente, el siguiente paso es que el pleno del Congreso decida su destino definitivo, lo cual generará un debate sobre los alcances del control constitucional sobre la función pública en el país.
