Paralización minera en La Rinconada destapa vacíos en fiscalización y seguridad, advierte presidente del Capítulo de Ingenieros de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Puno.
Tras el reciente conflicto entre pobladores, beneficiarios y la empresa minera Ananea S.A., que opera en el centro poblado de La Rinconada, se ha puesto nuevamente en debate las competencias del Gobierno Regional de Puno y, específicamente, de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM).
Al respecto, el presidente del Capítulo de Ingenieros de Minas, del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Puno, Edy Huanca Tito, explicó que la paralización temporal de una operación minera es una facultad de la empresa privada cuando identifica riesgos técnicos, estructurales o sociales que puedan comprometer la seguridad del yacimiento y de los trabajadores, sin embargo, la paralización definitiva o cualquier reincorporación de actividades debe ser evaluada y autorizada por el Estado, a través de la DREM, que actúa como ente técnico fiscalizador.
Precisó además que la DREM verifica en campo el cumplimiento de estándares operacionales, procedimientos de seguridad, manejo de explosivos y condiciones del macizo rocoso, más no evalúa factores sociales, sino estrictamente técnicos.
“Incluso para este trabajo se requiere mayores recursos profesionales y logísticos, ya que la magnitud de la actividad minera en La Rinconada supera su capacidad actual y hay que recordar las actividades comerciales que se tienen lo que evidentemente ha rebasado a las autoridades y eso tiene que aceptarse”, mencionó.
Respecto a la inseguridad ciudadana, Huanca Tito, puntualizó que la responsabilidad recae en la Policía Nacional, pues la violencia y criminalidad en la zona tienen años de presencia y exceden la competencia minera, no obstante, reconoció que la seguridad dentro de las concesiones debe trabajarse de manera coordinada entre la empresa y la PNP.
En esta misma línea, ante la exigencia de reiniciar operaciones, pidió a la población paciencia, y a los operadores mineros, celeridad para levantar observaciones, actualizar planes de seguridad y garantizar que las condiciones técnicas estén dadas para un reinicio ordenado y seguro.
“Se debe proteger al trabajador y al profesional. Cualquier reapertura debe asegurar estabilidad operativa y condiciones que eviten nuevos accidentes”, concluyó.
