El letrado señala que el presunto pedido de prebendas configura un delito penal y que la municipalidad debió denunciar para acelerar las investigaciones.
Respecto a la situación legal del regidor de la Municipalidad Provincial de San Román, Ovideo Tumi Miranda, quien es acusado por presuntos cobros irregulares a una empresa en la urbanización Tambopata, Juan Echenique Cáceres, abogado en la ciudad de Juliaca, señaló que las sanciones son distintas, pero, en el caso de que haya solicitado el pago de prebendas, el funcionario o servidor público que solicita directa o indirectamente el cobro de dinero tendría una sanción de pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años, además de la inhabilitación y el pago de una multa.
Explicó que, el Ministerio Público una vez que toma conocimiento de estos hechos debería de investigar de oficio, y más allá de esta acción, la Municipalidad Provincial de San Román tiene un procurador público, quien debió de formular la denuncia y agilizar la tramitación de las investigaciones, con el propósito de que se le prive de su libertad al regidor.
Asimismo, al margen de la cuestión administrativa en la que, pueda establecerse alguna responsabilidad y sanción administrativa, el hecho es un caso penal, el mismo que será investigado por el juez y finalmente ser sancionado el juez.
Al ser consultado, sobre algunos familiares (hija – cuñado) que estarían implicado en el caso, respondió que, lamentablemente esta forma de delinquir que compromete a los integrantes de la familia, se debe tomar en cuenta en qué condiciones participaron cada uno de ellos, para considerarlos como coautores, cómplices e instigadores, las investigaciones determinarán el grado de responsabilidad de cada uno de ellos.
