El Gobierno refuerza su estrategia integral contra este delito con operativos, control territorial y acciones de recuperación ambiental, mientras advierte que reactivar el Reinfo pondría en riesgo la lucha contra las economías ilícitas.
El Poder Ejecutivo intensificó su lucha contra la minería ilegal con la ejecución de 960 operativos a nivel nacional, que permitieron incautar y destruir bienes e insumos valorizados en más de S/ 3,700 millones. Según el alto comisionado para el combate de esta actividad, Rodolfo García Esquerre, estos resultados fueron posibles gracias al trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Marina de Guerra y la Fiscalía Ambiental. García destacó que la estrategia del Gobierno es integral y contempla no solo interdicciones, sino también la consolidación de la presencia estatal y el sostenimiento de puestos de control para evitar el retorno de los mineros ilegales.
La comisión multisectorial responsable del seguimiento de la formalización minera y la erradicación de la minería ilegal estableció tres ejes de acción: formalización, erradicación y recuperación ambiental. En este último punto, el Ministerio del Ambiente desarrolla una nueva estrategia que prioriza la restauración del entorno con un enfoque de desarrollo sostenible, lo que implica intervenciones en conectividad, energía, salud, vivienda, saneamiento y alternativas económicas en zonas afectadas. Esta visión busca asegurar que las acciones del Estado tengan un impacto duradero y eviten la reactivación de actividades ilícitas.
García advirtió, además, que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha mostrado resultados mínimos, pues solo poco más del 2% de los inscritos culminó su proceso. Alertó que reincorporar a los más de 50,000 registros excluidos o frenar nuevas exclusiones debilitaría la lucha contra la minería ilegal, estrechamente vinculada a delitos como el narcotráfico y la trata de personas. Asimismo, informó que el Ejecutivo incrementó el presupuesto destinado a combatir este flagelo, lo que fortalecerá las capacidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, aunque aún es necesario ampliar los recursos para la Fiscalía Ambiental.
