Conflictos limítrofes en Puno se intensifican por minería ilegal, armas y deficiencias en la gestión regional, dejando a varias comunidades en un estado de vulnerabilidad y desconfianza hacia las autoridades
Responsable: Nahomi Huallpa
El 22 de junio, la Oficina Defensorial de Puno alertó del incremento sostenido de los conflictos territoriales en la región. Según el comisionado Jaime Calapuja, actualmente existen ocho disputas de límites activas, principalmente en Carabaya y Sandia, cuya raíz no es únicamente histórica, sino que responde al avance de la minería ilegal y la tenencia de armas. Ante la falta de alternativas económicas, explicó que, varias comunidades recurren a actividades informales que elevan la conflictividad.
El 3 de noviembre, la jefa de la Oficina Defensorial I de Puno, Tania Cáceres Ortega, informó que la región registra 19 conflictos sociales, de los cuales 17 permanecen activos. Entre los más críticos se encuentran Coasa y Limbani, donde recientes enfrentamientos dejaron heridos. Cáceres advirtió que estos casos, aunque catalogados como disputas limítrofes, están vinculados al control de territorios donde opera la minería ilegal, conectada a delitos como extorsión, trata de personas y tráfico de armas, todo en un contexto de débil presencia estatal.
A inicios de octubre, el Gobierno Regional de Puno anunció un avance del 50% en el saneamiento de límites con Cusco, con 17 kilómetros ya validados. Sin embargo, persisten tramos críticos como Nuñoa y Maranganí, donde no se han alcanzado consensos. La subgerente de Ordenamiento Territorial, Belinda Cabada Catacora, también confirmó que el conflicto con Moquegua sigue judicializado. Su gestión, sin embargo, ha sido cuestionada por pobladores de Coasa, quienes denuncian presunta parcialidad en las inspecciones técnicas y exigen un proceso más profesional y transparente.
El 8 de septiembre, la tensión aumentó cuando el Concejo Municipal de Mariscal Nieto (Moquegua) aprobó dos ordenanzas que trasladan administrativamente a los centros poblados Titire y Aruntaya hacia el distrito de Carumas, sin consulta previa a Puno. Para el líder aimara Milton Cariapaza, la medida constituye una “invasión consolidada” orientada a asegurar el control de recursos hídricos y zonas estratégicas afectadas por la actividad minera. La decisión generó indignación entre autoridades y pobladores, quienes señalaron la falta de reacción del Gobierno Regional.
El 10 de noviembre, pobladores de Coasa protestaron frente al Gobierno Regional exigiendo la destitución de Belinda Cabada Catacora, a quien acusan de favorecer a Limbani durante las evaluaciones técnicas del conflicto limítrofe. La indignación creció luego de que el Acuerdo Regional N.° 000589, aprobado el 27 de octubre, declarara la zona en situación de emergencia regional para agilizar la intervención del Ejecutivo y garantizar la paz social; sin embargo, no se registraron avances significativos. Representantes de Huanchicani, Huanacuri y Hatunllunca denunciaron que, pese a esta condición legal, el proceso continúa estancado y sin transparencia.
De acuerdo con reportes de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, la minería ilegal en Carabaya y Sandia ha configurado un ecosistema criminal que incluye explotación laboral, tráfico de armas y violencia intercomunal. La falta de recursos en la policía y en las fiscalías impide una intervención efectiva. Para el gobernador regional Richard Hancco, el problema de fondo es la minería ilegal y no los límites, señalando que el control de estos delitos compete a la PNP y al Ministerio Público, deslindando así la responsabilidad regional.
Entre junio y noviembre, los hechos registrados muestran una región inmersa en disputas donde convergen vacíos administrativos, tensiones comunitarias e intereses económicos de alto riesgo. Desde los avances parciales con Cusco hasta la controversia con Moquegua, pasando por el estancamiento del caso Coasa–Limbani, se evidencia que Puno enfrenta un escenario que sobrepasa la capacidad de su actual gestión.
En este contexto, el territorio no solo se disputa: también se pierde. El conflicto limítrofe en Puno se agrava no solo por la minería ilegal y la débil presencia estatal, sino también por las deficiencias dentro del propio Gobierno Regional. Las denuncias contra Belinda Cabada Catacora, responsable de la demarcación territorial, han debilitado la confianza en el proceso técnico y generado tensiones adicionales en zonas sensibles. Mientras estas dudas no se aclaren y la gestión no se fortalezca, Puno seguirá enfrentando disputas sin una defensa sólida de su territorio.
