Vínculos políticos con la minería informal e ilegal generan preocupación por impactos ambientales y conflictos de interés
A pocos meses del inicio del proceso electoral, el debate sobre la minería vuelve a estar en la agenda política, esta vez con mayor preocupación por la cercanía de algunos precandidatos con la minería informal e ilegal; así lo advirtió la especialista en temas mineros, Mónica Belling Salas, quien alertó sobre los impactos ambientales, sociales y políticos que genera la falta de una postura clara frente a esta actividad.
Explicó que la minería formal cumple con todas las exigencias legales, ambientales y laborales; la informal se encuentra en proceso de formalización; mientras que la ilegal opera sin licencias, en zonas prohibidas y sin intención alguna de regularizarse. “No es una actividad comparable a otras formas de informalidad. La minería involucra químicos, movimiento de tierras y afecta directamente el agua, el suelo y el aire”, dijo.
Cuestionó el rol del Congreso de la República, que postergó de manera reiterada una solución de fondo al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Indicó que la prórroga indefinida de este mecanismo ha terminado favoreciendo la expansión de la minería ilegal, en perjuicio de los pequeños mineros artesanales que sí buscan formalizarse.
Asimismo, alertó sobre los conflictos de interés de postulantes al Congreso que cuentan con Reinfo y que, de llegar al Parlamento, podrían promover su permanencia sin reformas. “Tendrían que explicar con claridad cuál será su actuación y si están dispuestos a corregir el sistema”, señaló.
