Coordinador de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza cuestiona la falta de aplicación efectiva de las leyes, mientras la población exige justicia por el caso.
Tras la muerte de una menor de edad en la ciudad de Azángaro, como parte de un hecho de violencia, señalan que las instituciones del estado tienen debilidad para evitar los casos de este tipo. Así lo mencionó Enrique Álvarez Segura, coordinador de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de la provincia de San Román, considerando de lamentable este hecho que pone en tela de juicio la labor de instituciones afines.
Añadió que de igual manera existe leyes para sancionar y prevenir este tipo de violencia, sin embargo, no se ejercerían, lo que no permite la disminución de las estadísticas al respecto. Cabe indicar que el pasado 8 de enero se realizó el entierro en medio de la indignación y pedidos de justicia de la población; en tanto dieron prisión preventiva de 18 meses contra el presunto responsable de la muerte de la menor.
