Revisión de las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones revela que postulantes de diversas organizaciones políticas consignan sentencias penales, lo que vuelve a poner en debate los filtros éticos de los partidos.
Un cruce de datos realizado a partir de las hojas de vida que los aspirantes presentaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha revelado que 252 candidatos inscritos para las Elecciones Generales 2026 consignan sentencias penales vigentes en sus antecedentes. Estas candidaturas —registradas en las listas de 35 de las 38 organizaciones políticas habilitadas— incluyen aspirantes a la Presidencia, vicepresidencias, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. La información fue obtenida directamente del portal público Declara+ del JNE y, en la mayoría de los casos, los propios postulantes han declarado estar en condición de rehabilitados.
Entre los delitos consignados en las declaraciones figuran faltas ligadas al ejercicio del poder, como peculado y corrupción, así como delitos contra las personas y la familia, incluyendo violencia familiar y otros hechos de violencia o afectación al orden público. Casos notorios incluyen a candidatos presidenciales y vicepresidenciales con antecedentes por peculado o tres condenas por difamación, entre otros delitos que, según la legislación vigente, podrían generar impedimentos para postular a cargos públicos dependiendo de la naturaleza de la sentencia y las interpretaciones del JNE.
Esta situación ha generado preocupación entre sectores de la sociedad civil y analistas, quienes advierten una brecha entre lo que esperan los electores —honestidad e integridad— y los perfiles que finalmente aparecen en las listas partidarias. Organizaciones como Proética han señalado que la presencia de candidatos con antecedentes penales evidencia deficiencias en los mecanismos de filtro de los partidos políticos, mientras que la autoridad electoral continúa evaluando caso por caso conforme al marco legal vigente.
