Informe recomienda acciones penales por el alquiler de un camión volquete en la carretera Calacota–Santa Rosa de Guayata, en Ilave
La Contraloría General de la República reveló un nuevo caso de presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Puno, vinculadas a la ejecución del servicio de alquiler de un camión volquete destinado a la obra de mejoramiento de la carretera Calacota – Santa Rosa de Guayata, en la ruta R-11, ubicada en el distrito de Ilave, provincia de El Collao.
El hallazgo está contenido en el Informe de Control Específico N.° 097-2025, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Puno, el cual evalúa hechos ocurridos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2022, correspondiente a la gestión regional anterior. Al respecto, el consejero regional por la provincia de El Collao, Guido Condori, informó que el informe recomienda al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción iniciar acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos presuntamente involucrados en estos hechos.
“El informe de la Contraloría identifica irregularidades que no favorecen una correcta ejecución de las obras públicas, por lo que corresponde que se determinen responsabilidades administrativas y penales”, señaló.
Explicó que, si bien los hechos corresponden a una gestión anterior, ya se ha ingresado la documentación correspondiente al Gobierno Regional y que en los próximos días se prevé un acercamiento a la Procuraduría Anticorrupción Regional, a fin de exigir celeridad en las investigaciones y garantizar que el caso sea canalizado por la vía penal, tal como recomienda el informe.
Respecto a la posible permanencia de algunos involucrados en la actual administración regional, el consejero precisó que se ha solicitado información oficial para confirmar si las cinco personas mencionadas en el informe continúan laborando o prestando servicios al Gobierno Regional de Puno.
“De confirmarse esta situación, correspondería su retiro inmediato o la aplicación de sanciones, ya que no se puede mantener a profesionales cuestionados por presuntas irregularidades”, sostuvo.
