Máximo tribunal corrigió el cómputo de la pena y determinó que el exasesor presidencial aún debe cumplir 13 años y 8 meses de prisión efectiva
La Corte Suprema de Justicia de la República estableció que Vladimiro Montesinos Torres, exasesor presidencial del gobierno de Alberto Fujimori, permanecerá en prisión hasta el 30 de septiembre de 2037, tras reformar el cómputo de su condena por los casos Pativilca y La Cantuta. Así lo dispuso una reciente resolución que declaró nula la sentencia emitida por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en el extremo que consideraba como cumplida la pena de 19 años y 8 meses de prisión.
El máximo tribunal precisó que la pena debe computarse desde el 31 de enero de 2024, fecha en la que se emitió la sentencia condenatoria por conclusión anticipada, y no desde el año 2001 como había determinado la instancia inferior. Según la Corte Suprema, solo corresponde descontar del total de la condena los 72 meses de detención efectiva vinculados directamente al caso La Cantuta, lo que deja un saldo pendiente de 13 años y 8 meses de prisión.
El fallo respalda los argumentos del Ministerio Público, que advirtió una indebida aplicación del artículo 47 del Código Penal, al haberse considerado periodos de detención relacionados a otros procesos penales sin nexo con los casos materia de la sentencia. En ese sentido, la Corte señaló que no pueden sumarse detenciones provenientes de procesos distintos, como aquellos por delitos de corrupción, para reducir la pena impuesta por homicidio calificado.
En los casos Pativilca y La Cantuta, Montesinos fue hallado responsable en su condición de autor mediato, al haber ejercido control y dominio del aparato de poder estatal, particularmente del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), desde donde se planificaron y ejecutaron las denominadas operaciones especiales de inteligencia a cargo del destacamento Colina. Estos hechos ocurrieron en el contexto de la lucha antisubversiva durante la década de 1990 y derivaron en la ejecución extrajudicial de presuntas personas vinculadas al terrorismo.
Con esta resolución, la Corte Suprema reafirma la vigencia de las condenas por graves violaciones a los derechos humanos y establece un precedente en el correcto cómputo de penas en casos de alta complejidad judicial.
Fuente: Rpp
