El cierre de fiscalías especializadas y unidades médico-legales por falta de presupuesto genera preocupación por el riesgo de impunidad y la limitada atención a víctimas en la provincia amazónica.
En la provincia de Condorcanqui (Amazonas) se han acumulado alrededor de 800 investigaciones por abuso sexual infantil, con un promedio de casi seis denuncias al mes, según datos de la UGEL local. A pesar del crecimiento de estos casos —con 93 en 2024, 87 en 2025 y ya uno registrado en 2026— el Ministerio Público decidió cerrar dos fiscalías especializadas y tres unidades médico-legales por falta de presupuesto, dejando solo una fiscalía para atender las cientos de denuncias registradas desde 2010.
El desmantelamiento de estas fiscalías especializadas pone en riesgo la continuidad de las investigaciones y el acceso a la justicia para víctimas, pues, además de la reducción de personal, también se amenaza el funcionamiento de la única Cámara Gesell de la provincia, esencial para obtener declaraciones protegidas de menores. Expertos y organizaciones locales advirtieron que despedir a psicólogos, abogados y fiscales podría hacer que muchos casos queden impunes en una zona con altos índices de violencia sexual.
Frente a esta situación, líderes comunitarios como Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, han exigido que se restablezca la operatividad de estas sedes y se garantice la protección de niñas y adolescentes. Asimismo, la congresista Flor Pablo ha solicitado al Ejecutivo y al Ministerio Público una acción urgente para fortalecer la respuesta institucional ante la violencia sexual infantil en Condorcanqui, mientras las autoridades intentan gestionar nuevos recursos para atender estos casos.
