El Gobierno confirma que no destinará recursos adicionales para financiar los nuevos beneficios laborales; instituciones deberán cubrirlos con su propio presupuesto
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que no asignará presupuesto adicional para financiar el pago de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores del régimen CAS, pese a la reciente aprobación de este beneficio laboral.
La medida surge tras la promulgación de la Ley N.º 32563, que reconoce por primera vez el derecho de estos trabajadores a recibir gratificaciones en Fiestas Patrias y Navidad, así como CTS, equiparándolos parcialmente con el régimen laboral privado.
Sin embargo, el financiamiento de estos pagos no será cubierto por el Tesoro Público. Según precisó el MEF en una comunicación oficial, cada entidad del Estado deberá asumir estos costos utilizando su propio presupuesto institucional, sin solicitar recursos adicionales al Gobierno central.
El pronunciamiento se dio en respuesta a una consulta realizada por el sindicato de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que solicitaba garantizar los fondos necesarios para cumplir con la nueva norma. No obstante, el MEF fue claro en señalar que las entidades podrán hacer ajustes internos en sus partidas presupuestarias, siempre que no afecten rubros sensibles como remuneraciones, pensiones o el pago de deuda.
Esta decisión ha generado preocupación entre trabajadores y especialistas, ya que no todas las instituciones contarían con los recursos suficientes para asumir estos nuevos compromisos laborales, lo que podría poner en riesgo el cumplimiento efectivo del beneficio en algunos sectores.
A pesar de ello, algunas entidades ya han asegurado que sí podrán cumplir con los pagos. Es el caso del Ministerio de Energía y Minas, que confirmó contar con presupuesto para otorgar las gratificaciones a sus trabajadores CAS desde este 2026.
En ese contexto, el reto ahora recaerá en cada institución pública, que deberá reorganizar sus finanzas para cumplir con una ley que reconoce derechos laborales largamente demandados, pero sin respaldo económico adicional del Ejecutivo.
