Informe advierte debilitamiento de libertades fundamentales y riesgos en el sistema de protección de derechos humanos en el país
Durante una entrevista en Radio Onda Azul, la directora del programa de Amnistía Internacional en el país, Rosario Grados, alertó sobre un preocupante retroceso en materia de derechos humanos tanto a nivel nacional como global, según el informe anual 2025-2026 presentado recientemente en Lima.
Grados explicó que el documento identifica una “tendencia de regresión de derechos”, marcada por gobiernos que debilitan los sistemas de protección y promueven restricciones a libertades fundamentales. En el caso peruano, señaló que el país no es ajeno a este fenómeno, evidenciando presiones políticas para abandonar el sistema interamericano de derechos humanos, clave en procesos vinculados a violaciones ocurridas durante el conflicto interno y las protestas de 2022-2023.
Uno de los puntos más críticos del informe es el incremento de la criminalización de la protesta social y las limitaciones al derecho de asociación. En ese contexto, cuestionó la denominada ley APSI, al considerar que impone barreras a organizaciones civiles y podría impedir la defensa legal de víctimas de violaciones de derechos humanos, como las registradas en Juliaca.
Asimismo, la representante advirtió sobre el deterioro de la libertad de prensa. Según cifras del informe, en 2025 se registraron cuatro asesinatos de periodistas y más de 450 ataques contra trabajadores de medios, muchos de ellos vinculados a investigaciones de corrupción regional.
El informe también aborda el impacto del racismo y la estigmatización, especialmente hacia poblaciones del sur andino, así como la aprobación de normas que podrían favorecer la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo propuestas de amnistía y prescripción de delitos.
Finalmente, Amnistía Internacional exhortó al Estado peruano a garantizar la rendición de cuentas, fortalecer instituciones como la Defensoría del Pueblo y respetar estándares internacionales, “el país necesita proteger el derecho a la protesta, la libertad de expresión y el acceso a la justicia”, enfatizó.
