Rondas campesinas alertan sobre supuestos “jueces territoriales” sin reconocimiento legal


Rondas campesinas alertan
Rondas campesinas alertan

Dirigentes advirtieron que desconocerán cualquier actuación de estas personas y pidieron a la población no dejarse sorprender

El presidente de las rondas campesinas de la región Puno, Víctor Araujo, manifestó su preocupación tras sostener una reunión con autoridades del Poder Judicial debido a la aparición de personas que se autodenominan “jueces naturales territoriales”, una figura que no cuenta con reconocimiento legal dentro de la estructura judicial peruana. Ante esta situación, una delegación de dirigentes de diversas provincias se trasladó a la ciudad de Puno para solicitar información y aclaraciones sobre el tema.

Al respecto, señaló que esta preocupación surgió a raíz de los informes presentados durante el último encuentro de rondas campesinas. Según indicó, esta situación se estaría registrando en la provincia de Melgar, donde se habría reportado la actuación de estos supuestos jueces. Las rondas consideran que dichas personas podrían estar interfiriendo en funciones que corresponden a las comunidades campesinas, jueces de paz y otras autoridades reconocidas por la ley.

Asimismo, manifestó que, tras la reunión sostenida con representantes del Poder Judicial, recibieron la confirmación de que no existe reconocimiento oficial para la figura de los “jueces naturales territoriales”. En ese sentido, recordó que la administración de justicia en las comunidades campesinas está amparada por la Constitución y por normas especiales que reconocen la jurisdicción comunal y el trabajo de las rondas campesinas en la solución de conflictos dentro de sus ámbitos territoriales.

Finalmente, advirtió que las rondas campesinas desconocerán cualquier actuación o documento emitido por estas personas y anunciaron que informarán a sus bases comunales para evitar que la población sea sorprendida. Además, exhortaron a los ciudadanos a recurrir únicamente a las autoridades legalmente establecidas, como los jueces de paz, el Poder Judicial, el Ministerio Público y las organizaciones comunales reconocidas, mientras continúan evaluando acciones para impedir la expansión de estas presuntas organizaciones en la región.