Dirigentes aseguran que no habrá reconciliación mientras no exista justicia para las víctimas de las protestas sociales
El presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, Raúl Samillán, afirmó que cualquier intento de diálogo o eventual visita de Keiko Fujimori a la región Puno solo será posible si, previamente, se derogan las denominadas “leyes pro crimen”, las cuales, según sostuvo, favorecen la impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante las protestas sociales de 2023.
Samillán señaló que estas normas, entre ellas la que trasladaría al fuero policial-militar las investigaciones por presuntos delitos cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía en actos de servicio, ponen en riesgo los procesos judiciales por las muertes registradas en Puno y otros casos del país. Por ello, anunció que los familiares de las víctimas viajarán a Lima para solicitar al presidente del Congreso que observe la norma y evite su promulgación.
El dirigente indicó que la derogatoria de estas leyes es una condición indispensable para iniciar cualquier proceso de reconciliación con el próximo gobierno.
“Mientras las heridas permanezcan abiertas y no exista justicia para las víctimas, no permitiremos que Keiko Fujimori ingrese a nuestra tierra”, enfatizó. Asimismo, informó que sostendrán reuniones con congresistas electos para impulsar iniciativas que garanticen justicia, reparación y el avance de las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas sociales.
