Construcción Civil de San Román exige respeto a la libertad sindical y rechaza detención de dirigentes en Arequipa


Construcción Civil de San Román

Miguel Coaquira cuestionó la criminalización de las protestas laborales y denunció además que 25 obreros del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado aún no reciben sus remuneraciones

El secretario general del Sindicato de Construcción Civil de la provincia de San Román, Miguel Coaquira Yerba, expresó el respaldo de los trabajadores de la Macro Sur a los dirigentes sindicales de Arequipa que fueron detenidos durante tres días por presuntos delitos de coacción y extorsión. Según indicó, la movilización realizada la semana pasada en la Ciudad Blanca buscó exigir el respeto a la libertad sindical y respaldar a los dirigentes Luis Espinosa y Juan Chicata, quienes posteriormente recuperaron su libertad por decisión judicial.

Coaquira sostuvo que las acusaciones formuladas por la Fiscalía fueron desvirtuadas por el juez del caso y cuestionó que los empresarios interpreten las demandas laborales como actos de coacción. Señaló que los sindicatos ejercen derechos reconocidos por el artículo N°. 28 de la Constitución Política del Perú y por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que amparan la negociación colectiva para garantizar condiciones laborales dignas tanto para afiliados como para no afiliados.

El dirigente también pidió a las autoridades actuar con mayor responsabilidad antes de ordenar la detención de representantes sindicales. Afirmó que las decisiones de protesta no responden a intereses personales de los dirigentes, sino a los acuerdos adoptados por la masa trabajadora. Asimismo, consideró injusto que se criminalicen las acciones sindicales mientras, según dijo, empresas que incumplen derechos laborales continúan operando sin recibir las sanciones correspondientes.

Finalmente, Miguel Coaquira denunció que 25 obreros del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado (PIAA) aún no reciben el pago de sus remuneraciones, pese a los reclamos presentados. También cuestionó la actuación del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Vivienda por, según afirmó, no sancionar a las empresas involucradas y permitir que continúen obteniendo nuevas adjudicaciones de obras públicas.