Después de aprobarse el DU 033-2020, que autoriza a las municipalidades la compra y distribución de canastas de productos de primera necesidad para las familias más vulnerables, se han podido observar gran preocupación por parte de la población, que exhorta a las autoridades a ser transparentes en este proceso.
En ese sentido, las autoridades que cometan peculado, es decir se apropiarse de bienes materiales de naturaleza pública para utilizarlos con una finalidad distinta privada, podrían recibir de 4 a 8 años de cárcel. Además si el valor de los bienes es mayor a 10 UIT, su pena podría extenderse hasta los 12 años.
Fuente: La República
