La falta de unidades formales provocó largas esperas y dejó a cientos de usuarios expuestos a tarifas que llegaron a cuadruplicar el costo habitual del pasaje
Una grave crisis en el servicio de transporte interprovincial dejó en evidencia la falta de planificación y la escasa fiscalización en la ruta Yunguyo-Puno. Durante horas, la Plaza Dos de Mayo se convirtió en el escenario del caos y la desesperación de cientos de usuarios que, ante la extrema escasez de unidades formales, quedaron varados a merced de transportistas informales que cobraron tarifas abusivas para poder trasladarlos a la capital regional.
Aprovechando la ausencia total de vehículos autorizados, conductores informales impusieron cobros excesivos que oscilaron entre los 20, 30 y hasta 50 soles por pasaje, lo que representó un incremento de más del 100 % sobre la tarifa habitual de 13 soles. Esta especulación afectó directamente el bolsillo de familias y devotos que retornaban de su festividad en el Santuario de la Virgen de Copacabana, quienes debieron soportar esperas de hasta tres horas bajo la incertidumbre y sin presencia de autoridades que pusieran freno al aparente exceso.
Frente al descontento generalizado, la Asociación de Transportistas de Yunguyo intentó justificar la desatención argumentando que el retraso de las unidades formales se debió a que se encontraban en Puno «acopiando pasajeros» para regresar en caravana. Sin embargo, esta explicación pone en duda la capacidad operativa de los gremios y revela una severa falta de contingencia ante eventos de alta demanda prefijados en el calendario regional, dejando desprotegida a la población.
Aunque horas más tarde la dirigencia gremial aseguró haber nivelado el pasaje a su costo regular de 13 soles, tras enviar unidades para descongestionar la plaza, el episodio encendió las alarmas sobre la permisividad con la que opera el transporte informal en la provincia. Para los usuarios, la rápida intervención formal solo ocurrió como respuesta a la presión mediática y a las severas quejas ciudadanas, y no como parte de un plan organizado de transporte.
Este panorama deja abiertas serias interrogantes sobre el rol de las autoridades fiscalizadoras de transporte, a quienes los ciudadanos exigen sanciones ejemplares contra los especuladores y la implementación de un plan de contingencia permanente. La población advierte que no se puede depender del desabastecimiento para que las empresas formales reaccionen, ni dejar la movilidad de la región vulnerable ante la falta de previsión en fechas festivas.
