ALT advierte que recuperación integral de la cuenca requeriría al menos US$ 1,000 millones y una intervención de 10 a 15 años
Pese a más de cuatro décadas de contaminación y a los múltiples anuncios realizados por sucesivos gobiernos, hasta el momento no existe una solución tangible para la recuperación ambiental del lago Titicaca. La principal alternativa identificada por la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca (ALT), las plantas de tratamiento de aguas residuales, permanece entrampada en un proceso de arbitraje, por lo que el problema podría continuar durante los próximos años.
El presidente ejecutivo de la ALT, Juan José Ocola Salazar, reconoció que la contaminación del lago continúa avanzando y que las acciones desarrolladas hasta ahora no han permitido concretar las obras necesarias para enfrentar el problema de manera integral.
Durante una entrevista con Radio Onda Azul, Ocola señaló que existen estudios, monitoreos y expedientes técnicos, pero cuestionó que estos no se hayan convertido en infraestructura operativa que permita reducir la carga contaminante que llega al Titicaca.
Para la ALT, la solución de fondo pasa por implementar las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), debido a que permitirían reducir la descarga de aguas contaminadas hacia el lago. Sin embargo, el proyecto de las diez plantas de tratamiento planteadas para Puno no llegó a concretarse y actualmente permanece en arbitraje tras la ruptura del contrato.
El escenario resulta aún más preocupante debido al elevado costo que tendría la recuperación de toda la cuenca. Según el presidente de la ALT, se requeriría una inversión de al menos US$ 1,000 millones, mientras que un plan integral debería ejecutarse durante los próximos 10 o 15 años.
En ese contexto, advirtió que, si no existe una decisión política acompañada de recursos económicos, el problema continuará sin una solución concreta. Incluso estimó que podrían transcurrir otros cinco años sin avances significativos.
Entre tanto, a diez años de su permanencia al frente de la ALT, Ocola reconoció que uno de los principales obstáculos ha sido precisamente la falta de recursos y de decisión política. Señaló que la autoridad binacional depende de los gobiernos de Perú y Bolivia y no cuenta con los recursos suficientes para ejecutar por sí sola las grandes obras de recuperación ambiental.