La familia teme que una eventual liberación del imputado afecte el proceso judicial y pide a los magistrados actuar con firmeza y celeridad
Un grave hecho de violencia conmociona a la región de Puno. Eduardo Gonza, padre de una adolescente de 15 años que fue víctima de un brutal ataque sexual en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, exigió públicamente que las autoridades judiciales ratifiquen la prisión preventiva dictada contra el principal sospechoso de este horrendo crimen.
El caso se remonta al pasado 31 de julio, cuando la menor fue engañada y trasladada en un vehículo, donde fue ultrajada y posteriormente abandonada en estado inconsciente cerca del polígono Tiroviri. De acuerdo con el testimonio del progenitor, la víctima fue hallada horas más tarde por personal de Serenazgo, a la medianoche, presentando graves lesiones físicas que requirieron una intervención quirúrgica.
El principal acusado fue identificado como Ronny Odilón Chaiña Mamani, de 29 años, quien actualmente se encuentra encarcelado en cumplimiento de un mandato de prisión preventiva de la Corte Superior. Sin embargo, la defensa legal del imputado presentó un recurso de apelación para revertir la medida restrictiva, requerimiento que será evaluado por las autoridades en la ciudad de Puno entre jueves y viernes.
Durante la entrevista radial, Eduardo Gonza expresó el temor de su familia ante la posibilidad de que el juez acepte la apelación del imputado. El desesperado padre advirtió que la liberación de Chaiña Mamani representa un inminente riesgo de fuga y una obstaculización del proceso judicial, señalando, además, que el acusado contaría con antecedentes por agresiones similares en la zona.
En el hecho también estarían involucrados otros tres menores de edad, entre ellos dos varones y una adolescente que era excompañera de colegio de la víctima, quien habría servido como nexo para captarla mediante engaños. La familia exige que todos los participantes de la agresión sean citados a declarar e investigados con la misma severidad.
Actualmente, la familia cuenta únicamente con la asistencia legal del Centro Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; no obstante, debido a la carga laboral del sector público, temen que el caso sufra retrasos desfavorables. A esto se suman las dificultades económicas que enfrentan para cubrir las medicinas, complementos nutricionales y la rehabilitación de la menor, ya que el Seguro Integral de Salud (SIS) no cubre la totalidad de los requerimientos.
El angustiado padre hizo un enérgico llamado al Ministerio Público y a los magistrados del Poder Judicial para que no cedan ante las presiones de la defensa y se garantice una verdadera justicia para su hija, cuyo estado de salud físico y emocional continúa siendo sumamente crítico.
Finalmente, Eduardo González hizo un desesperado llamado a las autoridades, a la ciudadanía puneña y al Ministerio de la Mujer para que no dejen impune este caso y se garantice una justicia transparente. Con voz entrecortada, el padre pidió que los jueces de la Sala Penal de Puno actúen con celeridad y firmeza para ratificar la medida privativa de libertad contra el procesado.
