Jacinto Ticona señaló que llevar una considerable suma de dinero no constituye, por sí mismo, un delito, y pidió respetar las garantías constitucionales
Tras una intervención a una joven de 18 años por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de salir de una casa de cambios en Juliaca, el hecho generó cuestionamientos debido a la considerable suma de dinero que llevaba consigo. Según sus declaraciones, la joven habría realizado una operación cambiaria y explicó que el dinero provenía de préstamos obtenidos de entidades bancarias y de familiares.
El caso generó cuestionamientos luego de difundirse un video en el que se observa la intervención policial. En ese contexto, el abogado Jacinto Ticona explicó que, de acuerdo con la Constitución, una persona no puede ser detenida arbitrariamente. En ese sentido, enfatizó que existen dos circunstancias específicas que permiten una detención, entre ellas, la existencia de un mandato escrito de un juez y la detención tras cometer un delito en flagrancia.
En ese sentido, precisó que portar una considerable suma de dinero o acudir a una casa de cambios no constituye, por sí mismo, un delito, aunque podría generar sospechas que posteriormente deben ser investigadas por las autoridades competentes. En otro momento, el letrado también se refirió al control de identidad policial y explicó que los agentes pueden solicitar el Documento Nacional de Identidad (DNI); sin embargo, deben brindar las facilidades necesarias para que la persona pueda acreditar su identidad, incluso mediante otros mecanismos disponibles.
Finalmente, Ticona advirtió que, si durante la intervención los agentes policiales solicitaron dinero a la joven a cambio de evitar su traslado o una eventual denuncia por lavado de activos, dicha conducta podría constituir un delito de corrupción. Según explicó, la sola solicitud de dinero podría ser suficiente para configurar una conducta ilícita, siempre que pueda ser acreditada mediante elementos probatorios. En ese contexto, recomendó a la ciudadanía conocer sus derechos y exigir que toda intervención policial se realice dentro del marco legal, respetando las garantías constitucionales y con la debida transparencia.
