Juan Zapata cuestionó que el caso se investigue únicamente como presunto cohecho y anunció una jornada de protesta para exigir que se determine la participación de todos los involucrados
El presidente de las Cuatro Zonas, Juan Zapata Chambilla, cuestionó la actuación de la Fiscalía tras conocerse que un efectivo de la Policía Nacional recibió nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de cohecho. El dirigente sostuvo que el caso debería investigarse también por presunto robo agravado, secuestro y crimen organizado, al considerar que existen elementos que involucrarían a cinco personas en el hecho ocurrido en Juliaca.
Zapata Chambilla señaló que, de acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, una mujer habría sido intervenida y trasladada en un patrullero, mientras otras dos personas que se movilizaban en motocicletas habrían seguido la unidad policial. A criterio del dirigente, estos hechos deben ser esclarecidos y se debe determinar la identidad, como también la participación de todos los involucrados. Por ello, cuestionó que la investigación se centre únicamente en tres efectivos y pidió que también se investigue a quienes aparecen en las motocicletas.
El presidente de las Cuatro Zonas, anunció además que solicitarán el cambio del fiscal a cargo de la investigación y cuestionó que el caso sea abordado únicamente como un presunto delito de corrupción. “Acá hay secuestro, acá ha habido robo”, sostuvo Zapata, quien afirmó que la víctima habría denunciado la desaparición de una importante cantidad de dinero. Asimismo, destacó la decisión de la agraviada de denunciar los hechos y pidió que las autoridades actúen con firmeza para determinar responsabilidades.
Finalmente, el presidente de las Cuatro Zonas anunció una jornada de protesta para exigir que el caso sea investigado de manera integral y que se esclarezca la presunta participación de las cinco personas señaladas. El dirigente remarcó que la población espera resultados de la Fiscalía y el Poder Judicial, mientras las investigaciones deberán determinar si existen responsabilidades penales y cuál fue el nivel de participación de cada uno de los involucrados.
