Dirigentes cuestionan la pena suspendida impuesta al alcalde y pedirán a la Contraloría revisar las obras ejecutadas entre 2023 y 2026
El representante de los ronderos de la zona sur de Puno, Sixto Vilcanqui Mamani, informó que solicitarán la intervención urgente de la Contraloría en la Municipalidad Distrital de Huacullani, tras el caso del alcalde involucrado en la presunta solicitud de un diezmo a una empresa ejecutora. El dirigente señaló que la población está indignada por la pena suspendida dictada contra la autoridad y anunció que, en una asamblea pública, definirán nuevas acciones para exigir una investigación de la gestión municipal.
Asimismo, afirmó que los ronderos pedirán una auditoría de todas las obras ejecutadas entre 2023 y 2026. Como ejemplo de las presuntas irregularidades, mencionó la adquisición de grass sintético para una obra en una de las parcialidades, cuyo precio habría sido de entre 85 y 86 soles por metro cuadrado, mientras que el costo que conoce puesto en obra sería de aproximadamente 36 soles. También cuestionó diferencias en los precios de alambres y mallas ganaderas, aunque remarcó que corresponde a la Contraloría verificar estas observaciones.
También manifestó su preocupación por la documentación existente en la municipalidad luego de la intervención del alcalde. Afirmó que el 23 se habría producido la salida de algunos fólderes con documentos, aunque posteriormente los funcionarios y regidores se habrían comprometido a garantizar que no se retire la documentación de la comuna. Señaló que los ronderos permanecerán vigilantes, principalmente para resguardar estos documentos y facilitar una eventual intervención de los órganos de control.
Respecto a la situación del alcalde, Vilcanqui cuestionó que permanezca en libertad y consideró que debió recibir una sanción más drástica. Asimismo, informó que para las 10 de la mañana se convocó a una reunión de autoridades y organizaciones para definir las acciones que asumirán. Entre ellas, no descartó medidas de protesta si no se concreta la intervención de la Contraloría, mientras insistió en que las investigaciones deben determinar si existieron irregularidades en las obras y el manejo de los recursos públicos.
