Abogado pide a la Fiscalía ampliar la investigación y realizar una correcta calificación jurídica de los hechos ocurridos en Juliaca
El abogado Wilber Lupo Estrada sostuvo que la Fiscalía debe realizar una correcta construcción de los hechos y calificación jurídica en el caso de los tres policías investigados por el presunto robo de 60 mil dólares a una joven de 18 años en Juliaca. Uno de los efectivos, el alférez Sebastián Jafet Romero Sánchez, reconoció haber participado en la intervención y recibió nueve meses de prisión preventiva, mientras que los otros dos agentes involucrados permanecen no habidos.
Según la investigación fiscal, el pasado 2 de setiembre Romero, junto al suboficial Hernán Álvaro Mamani Mendoza, habría intervenido a la joven utilizando un patrullero policial bajo el argumento de un supuesto control de identidad. La víctima habría sido trasladada por diferentes calles de Juliaca y presionada para entregar parte del dinero que transportaba, bajo amenazas relacionadas con una investigación por lavado de activos. Posteriormente, habría sido abandonada en la salida hacia Arequipa, donde sujetos encapuchados que seguían al patrullero le habrían sustraído el resto del dinero.
Lupo Estrada explicó que, para establecer una responsabilidad penal, la Fiscalía debe determinar con precisión los hechos, identificar el delito que corresponde y reunir los medios probatorios que permitan corroborar la imputación. En ese sentido, señaló que, además del presunto cohecho pasivo propio, podrían existir otras calificaciones jurídicas, por lo que invocó a los fiscales a cumplir adecuadamente su función como defensores de la legalidad y esclarecer todos los hechos.
Finalmente, el abogado remarcó que los integrantes de la Policía Nacional tienen la responsabilidad constitucional de mantener el orden interno, donde cualquier conducta ilícita debe ser investigada y sancionada conforme a ley. Mientras tanto, los efectivos Frank Eudes Mercado Roque, señalado como conductor del patrullero, y Hernán Álvaro Mamani Mendoza, operador de la unidad, continúan en condición de no habidos, mientras avanzan las investigaciones para determinar la participación de cada uno en el presunto atraco.