Juan Zapana cuestiona la legalidad de la medida y pide investigar presuntas irregularidades mientras la empresa enfrenta cuestionamientos por su situación financiera
El presidente de las Cuatro Zonas de Juliaca, Juan Zapana Chambilla, se apersonó a la sede de la Fiscalía Anticorrupción de Puno para formalizar una denuncia penal contra la empresa prestadora de servicios SEDA Juliaca. La medida responde a presuntas irregularidades administrativas, entre las que destaca el nombramiento supuestamente ilegal de 33 trabajadores mediante una sola resolución, acto para el cual el dirigente ha solicitado la nulidad inmediata.
Durante sus declaraciones, Zapana cuestionó severamente la gestión del gasto en la entidad, señalando que, a pesar de existir disposiciones de austeridad, se incurre en desembolsos indebidos. Entre los montos criticados, mencionó gastos de 15 mil soles para actividades deportivas, 16 mil soles en recepciones y otros 15 mil soles en festejos, mientras la población padece deficiencias en el servicio básico.
El dirigente denunció que la ciudadanía juliaqueña padece por la falta de agua potable continua, recibiendo el suministro solo por horas o, en varios sectores, agua turbia y de mala calidad. Asimismo, reprochó el incremento de las tarifas del servicio y recordó otros incidentes no esclarecidos en la empresa, como la pérdida de cerca de medio millón de soles y la caída de una cisterna.
El representante de las Cuatro Zonas criticó la inacción de las autoridades de supervisión y de los integrantes del directorio, señalando la falta de pronunciamiento por parte de los representantes del Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de San Román y la sociedad civil. Ante este escenario, justificó el recurso a la vía penal bajo el cargo de crimen y corrupción.
Finalmente, Zapana hizo un llamado a la Fiscalía Anticorrupción para que se agilicen las investigaciones y no se deje estancar el caso. Reafirmó el compromiso de los dirigentes locales de defender los intereses de Juliaca ante la vulneración de los derechos de los usuarios y la falta de transparencia en la administración de los recursos públicos.
