La actual campaña electoral registra 38 amenazas, 11 ataques directos y dos asesinatos. Ante la infiltración del crimen organizado, el Ministerio Público vigilará de cerca los locales de votación este domingo.
Las elecciones municipales y regionales de este domingo en Perú estarán marcadas por un inusual y estricto despliegue de seguridad. El Ministerio Público ha dispuesto el envío de 6,538 fiscales a puntos estratégicos de todo el territorio nacional, en respuesta a una de las campañas electorales más violentas de la historia reciente, la cual ha dejado un saldo de 38 amenazas contra candidatos, 11 ataques directos y dos asesinatos vinculados al proceso.
El Observatorio del Crimen del Ministerio Público documentó que las intimidaciones no solo se dirigen a los aspirantes a cargos públicos, sino que se han extendido a sus familiares y equipos de campaña. Las modalidades de amenaza incluyen desde mensajes de texto con advertencias de muerte hasta actos de violencia simbólica, como el hallazgo de la cabeza de un animal en un local partidario en Trujillo. Estas acciones delictivas buscan presionar a los candidatos para que abandonen la competencia electoral.
La región de La Libertad concentra la mayor cantidad de incidencias, acumulando el 14.5 % de las amenazas reportadas a nivel nacional, siendo Trujillo la ciudad más afectada con 10 candidatos bajo amenaza de muerte. Le siguen las zonas de Lima Este con un 8.7 %, y las regiones de Loreto y Lambayeque, ambas con un 7.2 %. En el norte del país, la situación evidencia cómo las organizaciones criminales y las redes de extorsión han trasladado sus disputas al terreno político.
La violencia ha cobrado dos vidas durante esta contienda, siendo uno de los casos más notorios el asesinato de la candidata y comunicadora Susy Aponte, conocida como ‘China Polo’, en la región Áncash. Las investigaciones sobre este crimen continúan su curso, enfocándose actualmente en el rastreo del financiamiento del sicariato. Recientemente, Ronald Toro, investigado como presunto financista, declaró ante la Fiscalía que las transferencias bancarias hacia el asesino fueron realizadas por su hermana utilizando sus cuentas, hecho que mantiene a ambos bajo detención preliminar.
Durante la jornada electoral de este domingo, los fiscales desplegados tendrán la misión de supervisar los centros de votación y las zonas consideradas de alto riesgo por la Policía Nacional. Su labor consistirá en atender denuncias en tiempo real, preservar pruebas y activar investigaciones inmediatas frente a cualquier intento de alterar el orden, cometer delitos electorales o ejecutar actos de extorsión, buscando garantizar que los ciudadanos puedan emitir su voto sin coacción.
