Los representantes del transporte urbano solicitan al alcalde Javier Ponce Roque que se abstenga de promulgar la norma aprobada por el concejo provincial y cuestionan la falta de consenso sobre su aplicación
Los transportistas del servicio urbano de Puno acataron un paro de 24 horas para exigir que se revise la ordenanza municipal de reordenamiento del transporte, aprobada por mayoría en el concejo provincial. Durante la jornada, representantes del sector presentaron documentos ante la Municipalidad de Puno solicitando que se evalúe la norma y que el alcalde Javier Ponce Roque se abstenga de promulgarla. La protesta se produce en medio de las discrepancias por el incremento de los pasajes y las medidas de fiscalización al transporte público.
Un representante de los transportistas sostuvo que la ordenanza fue aprobada de manera arbitraria y sin suficiente sustento técnico ni legal. Indicó que el sector no se opone a la actualización de las normas ni a las sanciones o fiscalizaciones, pero cuestionó que la propuesta contemple medidas contra los transportistas sin considerar los abusos que también podrían cometer algunos usuarios. Asimismo, afirmó que la mesa técnica instalada para analizar los costos operativos quedó interrumpida después de que los regidores aprobaran la ordenanza, pese a que estaba pendiente una nueva reunión.
El dirigente manifestó que la movilización busca que las autoridades escuchen sus observaciones y permitan socializar la norma con transportistas y usuarios. Sin embargo, durante la entrevista evitó fijar una posición general sobre la tarifa de un sol con cincuenta céntimos y señaló que cada empresa tendría que evaluar sus costos operativos para determinar si corresponde un reajuste. Reconoció que su empresa intentó aplicar esa tarifa anteriormente, pero tuvo que retroceder ante la respuesta de la población.
Finalmente, el representante aseguró que la medida consiste en un apagado de motores y negó que los transportistas hayan acordado bloquear las vías, afirmando que las unidades que desean trabajar pueden circular. No obstante, reconoció que se registraron actos de vandalismo y sostuvo que las personas o empresas responsables deberán responder por tales hechos. El sector insistió en que su principal demanda es la revisión de la ordenanza.
