El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró infundada la revisión de oficio de la medida coercitiva por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, al considerar que persisten los motivos que justificaron su imposición
El Poder Judicial resolvió mantener vigente la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por los casos acumulados de Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, relacionados con presuntos actos de corrupción.
La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien declaró infundada la revisión de oficio de la medida impuesta al exmandatario por los presuntos delitos de organización criminal agravada, colusión simple y tráfico de influencias agravado, en perjuicio del Estado peruano.
Mediante una resolución emitida el pasado 16 de octubre, el magistrado sostuvo que continúan vigentes los presupuestos legales que justificaron la prisión preventiva y su posterior prolongación por 12 meses adicionales. En ese sentido, consideró que mantener la medida resulta jurídicamente viable y proporcional para garantizar la continuidad del proceso penal y la eficacia de una eventual decisión judicial.
Asimismo, Checkley señaló que, durante el desarrollo de las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo nuevos elementos de información que reforzarían la sospecha inicial contra Castillo. Entre estos figuran pericias que, según la resolución, evidenciarían una estructura con distintos niveles de intervención y diversos escenarios relacionados con los hechos investigados.
Cabe recordar que el pasado 27 de febrero, el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela dispuso prolongar por 12 meses adicionales la prisión preventiva que se le impuso a Castillo en marzo de 2023. Esta decisión fue confirmada el 1 de junio por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
Por otro lado, el 4 de diciembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al exmandatario a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, en relación con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Con esta última resolución, la prisión preventiva dictada en el proceso por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda continuará vigente, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.
