José Bengoa Morales señaló que la propuesta genera dudas sobre el reconocimiento de inversiones y activos por US$ 832 millones. La evaluación económica y contractual será determinante para definir la ampliación del servicio hacia Puno
El presidente del Instituto del Gas, José Bengoa Morales, advirtió sobre los cuestionamientos económicos y contractuales a la propuesta de adenda al contrato de concesión de Cálidda, que busca ampliar la distribución de gas natural a siete regiones del sur, entre ellas Puno.
Durante la entrevista, hizo referencia a las observaciones del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y al Informe N.º 413-2026-GRT/OS de Osinergmin, que ponen en debate el eventual reconocimiento de inversiones y activos al término de la concesión vigente, previsto para el año 2033, y su impacto económico para el Estado y los usuarios.
Uno de los principales puntos de controversia está relacionado con el valor residual de los activos. Mientras Cálidda sostiene que al finalizar la concesión quedaría un saldo por reconocer de aproximadamente US$ 832 millones, las posiciones técnicas cuestionan que corresponda efectuar un nuevo pago por infraestructura cuya inversión ya habría sido recuperada mediante las tarifas.
En esa línea, se plantea que los bienes deberían revertir al Estado conforme a las condiciones contractuales. Bengoa señaló que este aspecto requiere una evaluación técnica y contractual que determine si corresponde reconocer dichos montos.
Por otro lado, la Asociación de Contribuyentes difundió cuestionamientos basados en el informe de Osinergmin y estimó que la ampliación podría representar un costo aproximado de US$ 1.832 millones a valor presente. Esta cifra corresponde a la interpretación económica de dicha asociación y no debe confundirse con los US$ 832 millones que Cálidda señala como valor residual pendiente. El debate también comprende el reconocimiento de inversiones futuras y la metodología utilizada para calcular los costos de la ampliación.
La firma de la adenda continúa pendiente mientras el Ministerio de Economía y Finanzas realiza la evaluación técnica, cuyo plazo máximo señalado en la entrevista es el 16 de noviembre. Posteriormente, el informe deberá retornar al Ministerio de Energía y Minas, instancia que determinará si corresponde suscribir el acuerdo. Si bien la ampliación permitiría llevar gas natural a ciudades como Puno y Juliaca, Bengoa consideró necesario esclarecer los compromisos económicos y establecer si se ajustan al contrato y protegen los recursos públicos.
