No descartan que el estado acuda al Tribunal Constitucional
El titular de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Puno, Fredy Ramos Ramos, señaló que es importante interpretar adecuadamente la Ley No 31131, que elimina de forma progresiva el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en el sector público, para evitar confrontaciones entre el trabajador y el empleador.
Indicó que la norma antes mencionada favorece a varios trabajadores contratados bajo la modalidad CAS, ya que pasaran a otro régimen laboral entre ellos; 276 y 728 que le brindará mayores beneficios, sin embargo, generará un impacto en el presupuesto de las instituciones públicas. “El Estado es el más perjudicado porque tendrá que desembolsar millones de soles para cubrir los beneficios laborales”, dijo.
En su opinión, considera que la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR debería interponer una acción legal ante el Tribunal Constitucional, para que este ente determine si es constitucional o inconstitucional la Ley No 31131, que fue promulgada por el Congreso de la República.
Mientras tanto, explicó que ahora se debe elaborar el reglamento de la nueva norma en un plazo de 60 días, para posteriormente ser aplicada. Sin embargo, confía en que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes sobre el tema.
